Muchas personas, en algún momento de su vida, se convierten en parte de un contrato de alquiler de vivienda habitual, ya sea como arrendadores o arrendatarios (inquilinos). En Bilbao y el País Vasco, donde la demanda de alquiler ha crecido considerablemente en los últimos años, es fundamental entender las regulaciones que rigen este tipo de contratos. Este artículo ofrece una guía clara sobre la duración del contrato, la renta y otros aspectos legales clave, asegurando que quienes alquilan una vivienda en la región puedan hacerlo con total seguridad jurídica.
Antes de nada, es imprescindible que, al alquilar una vivienda, se firme un contrato claro entre el arrendador (propietario de la vivienda o su representante legal) y el arrendatario (inquilino). Este documento establecerá las cláusulas del arrendamiento, asegurando que ambas partes estén al tanto de sus derechos y responsabilidades.
Actualización normativa: 15 de octubre de 2026. Ambos reales decretos-leyes se publicaron el 7 de octubre. El Real Decreto-ley 29/2026 entró en vigor, con carácter general, el 8 de octubre de 2026; el Real Decreto-ley 28/2026 entrará en vigor el 15 de noviembre de 2026. Las reglas futuras se identifican expresamente y las fuentes oficiales figuran al final.
Para aplicar estas reglas a un contrato concreto hay que comprobar cuándo se firmó, qué régimen lo regula, en qué prórroga se encuentra y cuándo se enviaron los preavisos. Los contratos anteriores no pasan íntegramente al nuevo régimen por el solo hecho de publicarse la reforma.
Duración del contrato de alquiler
La duración del contrato puede ser pactada libremente por las partes. Sin embargo, es importante tener en cuenta lo que dispone el artículo 9.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU):
“La duración del arrendamiento será libremente pactada por las partes. Si esta fuera inferior a cinco años, o inferior a siete años si el arrendador fuese persona jurídica, llegado el día del vencimiento del contrato, este se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de cinco años, o de siete años si el arrendador fuese persona jurídica, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador, con treinta días de antelación como mínimo a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de las prórrogas, su voluntad de no renovarlo.”
Esto significa que, incluso si el contrato original tiene una duración de un año, el arrendatario puede extenderlo hasta un mínimo de cinco años (o siete si el arrendador es una persona jurídica), siempre que lo desee. Esta disposición busca proporcionar estabilidad y protección al inquilino.
Si en el contrato no se especifica una duración concreta, se entenderá que el arrendamiento es por un año, con derecho a prórroga anual.
Excepciones a la prórroga obligatoria
Existen ciertas circunstancias en las que el arrendador puede necesitar recuperar la vivienda antes de que finalice el plazo mínimo estipulado. Según el artículo 9.3 de la LAU, esto es posible si el propietario necesita la vivienda para:
- Usarla personalmente.
- Sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción.
- Su cónyuge en casos de separación, divorcio o nulidad matrimonial.
La recuperación anticipada del artículo 9.3 exige que el arrendador sea persona física, que haya transcurrido el primer año y que la necesidad se hubiera hecho constar expresamente al celebrar el contrato. Debe comunicar la causa con al menos dos meses de antelación. Esta recuperación durante el periodo mínimo tiene requisitos propios y debe distinguirse de la no prórroga al vencimiento y de las excepciones de la prórroga extraordinaria.
El arrendatario puede desistir del alquiler de vivienda habitual una vez transcurridos seis meses, con un preaviso mínimo de treinta días. El artículo 11.3 de la LAU, en la redacción del Real Decreto-ley 29/2026 vigente desde el 8 de octubre, dispone que ese desistimiento no genera indemnización al arrendador cuando resulta aplicable el nuevo régimen. En contratos anteriores deben comprobarse el régimen temporal y la cláusula pactada: la regla anterior, cuando procediera, exigía pacto y calculaba una mensualidad por cada año pendiente, con prorrateo de los periodos inferiores al año.
Prórrogas y fechas: qué cambia con los dos decretos
Hasta el 14 de noviembre de 2026, el artículo 10.1 de la LAU mantiene, para los contratos sujetos a esa redacción, las prórrogas anuales hasta un máximo de tres años tras el mínimo de cinco o siete años. Para impedir esa prórroga, el preaviso general es de cuatro meses para el arrendador y de dos meses para el arrendatario. Durante esas anualidades, el inquilino puede comunicar que no continúa con un mes de antelación a su vencimiento.
Desde el 15 de noviembre de 2026, el Real Decreto-ley 28/2026 sustituye ese sistema por prórrogas sucesivas de cinco años, o de siete si el arrendador es persona jurídica, salvo comunicación válida de no prorrogar. El preaviso general del arrendador pasa a seis meses y el del arrendatario se mantiene en dos. Esto no elimina el derecho del inquilino a desistir conforme al artículo 11.
La disposición transitoria única conserva los avisos válidos del arrendador anteriores al 7 de octubre de 2026, que no generan la nueva indemnización. Si el 15 de noviembre quedan menos de seis meses para el vencimiento, permite al arrendador preavisar con cuatro meses. Los contratos que ya estén en la anterior prórroga del artículo 10.1 continúan en ella hasta agotarla; después se aplica el nuevo sistema. Para los que estén en tácita reconducción del Código Civil, el cambio opera desde el primer vencimiento de ese periodo posterior a la entrada en vigor, con las salvedades previstas para los requerimientos anteriores a la publicación.
Se mantienen las prórrogas extraordinarias por vulnerabilidad, de hasta un año y de aceptación obligatoria para el gran tenedor cuando concurren los requisitos, y por ubicación en zona tensionada, por anualidades hasta tres años con las excepciones legales. Desde el 15 de noviembre pasan a los apartados 5 y 6 del artículo 10, se vinculan a una comunicación válida de no prórroga del arrendador y no se acumulan con otras prórrogas extraordinarias; la de zona tensionada tiene preferencia.
El nuevo régimen también prevé una indemnización al inquilino cuando el arrendador decide no prorrogar. Se calcula por el mayor de dos importes: doce mensualidades o una mensualidad por cada año de residencia, con el prorrateo legal. La base es el valor superior del rango individualizado del sistema estatal de referencia; si no puede obtenerse, se utiliza la renta mensual vigente al comunicar la no prórroga. Se abona al entregar la vivienda y está sujeta a las excepciones del artículo 10.2, como la necesidad acreditada del arrendador persona física o de determinados familiares, la disponibilidad de otra vivienda apta o los supuestos de nuevo contrato previstos en ese apartado. Si el inquilino puede obtener una prórroga legal obligatoria y no la solicita, no nace esa indemnización; si la solicita y procede, su exigibilidad se difiere al final de la prórroga. Esta compensación es distinta de la cuestión del desistimiento del inquilino.
La prórroga extraordinaria de hasta dos años
La disposición final quinta del Real Decreto-ley 29/2026 permite solicitar una prórroga extraordinaria anual, hasta un máximo de dos años, en los contratos de vivienda habitual vigentes el 8 de octubre de 2026 comprendidos en los supuestos de vencimiento que regula: fin de la prórroga obligatoria antes del 31 de diciembre de 2028, fin de los periodos de prórroga del artículo 10 allí indicados o de la tácita reconducción. Exige estar al corriente de pago y haberlo estado mensualmente durante los ocho meses anteriores. Mantiene las condiciones del contrato y requiere solicitud del inquilino.
La norma contempla excepciones por acuerdo, nuevo contrato o necesidad real y acreditada del arrendador en sus términos, y da preferencia a la prórroga extraordinaria en zona tensionada. Desde el 15 de noviembre debe coordinarse con el Real Decreto-ley 28/2026: la prórroga de dos años no se aplica cuando procede la nueva prórroga del artículo 10.1. Tampoco se suman libremente todas las prórrogas. Las solicitudes válidas formuladas durante la vigencia del Real Decreto-ley 8/2026 conservan su eficacia en los términos de la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 29/2026.
Renta del alquiler
La renta se pacta conforme al artículo 17 de la LAU y a sus límites legales. En una zona de mercado residencial tensionado, durante la vigencia de su declaración, deben comprobarse la renta anterior, la condición de gran tenedor y el límite del sistema de referencia cuando resulte aplicable; no basta con invocar la libertad de pacto. La ubicación en Bilbao o Bizkaia exige comprobar la declaración vigente para el inmueble concreto. A falta de acuerdo sobre el pago, este será mensual y se efectuará dentro de los primeros siete días del mes.
Actualización anual de la renta: IRAV y límite extraordinario
La revisión anual necesita pacto expreso y solo puede practicarse cuando se cumple cada anualidad. La nueva redacción del artículo 18.1 de la LAU toma el IRAV publicado por el INE como referencia cuando existe pacto de actualización sin índice concreto y como límite máximo del incremento. La reforma del artículo 4 del Real Decreto-ley 29/2026 extiende el límite a los contratos anteriores a la Ley 12/2023, sin alterar por ello todo su régimen jurídico. El IRAV para actualizar la renta y el sistema estatal de referencia para fijar el precio inicial son instrumentos diferentes.
Además, para las anualidades que se cumplan entre el 8 de octubre de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, la disposición final sexta del Real Decreto-ley 29/2026 establece una regla extraordinaria: si la renta supera el máximo aplicable del sistema de referencia, no procede incremento. En los demás casos puede haber un nuevo pacto; si no lo hay, el incremento no puede superar el 2 %, respetando también el límite del IRAV y las condiciones contractuales aplicables. El 2 % no es una subida automática ni autoriza a cobrar por encima de un límite inferior.
Implicaciones fiscales
El alquiler tiene consecuencias fiscales tanto para el arrendador como para el arrendatario:
- Arrendador: Los ingresos por alquiler deben declararse en la renta como rendimiento del capital inmobiliario.
- Arrendatario: El alquiler de vivienda habitual puede dar derecho a una deducción en la cuota del IRPF cuando se cumplan los requisitos de la normativa tributaria aplicable y se conserven los justificantes de pago.
- Normativa aplicable: Para quienes tributan en Bizkaia deben revisarse las reglas de la Hacienda Foral. Los incentivos del IRPF estatal modificados por el Real Decreto-ley 29/2026 no se trasladan automáticamente al régimen foral.
Comunicaciones entre arrendador y arrendatario
Es crucial que las comunicaciones importantes, como el desistimiento del contrato o la no renovación, se realicen por medios que dejen constancia de su contenido y recepción. Entre los métodos recomendados se encuentran:
- WhatsApp o correo electrónico con confirmación de lectura.
- Burofax con certificado de acuse y contenido.
Evita realizar comunicaciones relevantes por teléfono, a menos que estas sean grabadas, ya que podría ser difícil demostrar que se realizaron.
Otras protecciones del Real Decreto-ley 29/2026
Gastos, garantías y reparaciones
En el régimen reformado, los gastos de gestión inmobiliaria y formalización, incluidas la novación o renovación, no pueden repercutirse al inquilino directa ni indirectamente. El artículo 20 limita también la repercusión de tributos asociados a la vivienda, salvo que el inquilino sea el obligado tributario, y exige las condiciones legales para trasladar otros gastos. El artículo 36 prohíbe exigir al arrendatario que contrate un seguro de impago y mantiene, para los contratos de vivienda de hasta cinco años o siete con arrendador persona jurídica, el máximo de dos mensualidades de garantía adicional a la fianza.
El artículo 21.5 permite requerir por escrito las reparaciones necesarias con un presupuesto razonable. Si pasan quince días naturales sin respuesta o existe negativa injustificada, permite ejecutarlas y descontar el coste documentado de rentas futuras con los requisitos legales. Al finalizar el alquiler, el artículo 36.7 prevé dejar constancia escrita y firmada del estado de entrega; si falta ese documento o no refleja desperfectos, presume, salvo prueba en contrario, que la vivienda se entregó en estado adecuado.
Vivienda habitual, alquiler temporal y habitaciones
La reforma incluye expresamente las habitaciones o estancias según la necesidad residencial que satisfagan. El alquiler temporal exige una causa real, acreditable y escrita de desplazamiento; debe durar más de treinta y un días y, como regla general, no superar doce meses, salvo subsistencia justificada de la causa. Superar ese plazo sin justificación o encadenar más de dos contratos consecutivos entre las mismas partes sobre la misma vivienda determina su tratamiento como vivienda habitual desde el primero. Los contratos de temporada anteriores al 8 de octubre conservan su régimen hasta el término pactado, sin prórroga bajo el régimen anterior; el arrendamiento temporal renovado se sujeta a las nuevas reglas.
El artículo 17 limita al IRAV el incremento anual entre contratos temporales sucesivos y establece que la suma de rentas de habitaciones simultáneamente alquiladas no supere la del alquiler unitario de toda la vivienda. En zona tensionada deben respetarse además los límites aplicables. En el régimen nuevo, el desistimiento del alquiler temporal se permite tras un mes y con diez días de preaviso, sin indemnización al arrendador.
Impago y vulnerabilidad
El artículo 5.Dos introduce una enervación extraordinaria del desahucio por impago cuando se acredita la vulnerabilidad legal: fuera del supuesto especial del artículo 2.1, la Administración debe ofrecer una alternativa habitacional adecuada o pagar o consignar las cantidades previstas, con un plazo máximo de dos meses y suspensión durante ese plazo. Si no actúa dentro de él, la norma prevé su subrogación en la deuda y la continuidad del contrato, en sus términos, mientras persista la vulnerabilidad y hasta su expiración.
El artículo 2 establece además un régimen temporal hasta el 31 de diciembre de 2030, con condiciones diferentes según quién demande. En su apartado 2, cuando no procede la enervación extraordinaria, la suspensión por vulnerabilidad y falta de alternativa se revisa cada doce meses y tiene un máximo de tres años; se pondera la situación del demandante y se protege específicamente a la persona física titular de dos o menos viviendas. Estas medidas requieren la intervención administrativa y judicial prevista en la norma y no convierten cualquier impago en una suspensión automática.
Conclusión
La gestión adecuada de un contrato de alquiler, ya sea como arrendador o arrendatario, requiere comprender aspectos clave como la duración del contrato, la renta y las implicaciones fiscales. Mantener un contrato claro y realizar las comunicaciones de manera formal garantiza que ambas partes cumplan con sus derechos y obligaciones, reduciendo posibles conflictos.
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Fuentes oficiales y fecha de revisión
Normativa revisada el 15 de octubre de 2026. La fecha de publicación de una reforma y su entrada en vigor pueden ser distintas; para cada contrato deben consultarse también sus disposiciones transitorias.
- Real Decreto-ley 28/2026, de 6 de octubre (BOE): nuevo artículo 10 de la LAU, coordinación de prórrogas, régimen transitorio y entrada en vigor el 15 de noviembre de 2026.
- Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre (BOE): artículos 2 a 6 y disposición final decimoprimera; entrada en vigor general el 8 de octubre de 2026, con las excepciones expresas de la norma.
- Disposición final quinta del Real Decreto-ley 29/2026: prórroga extraordinaria de hasta dos años.
- Disposición final sexta del Real Decreto-ley 29/2026: limitación extraordinaria de la actualización de rentas hasta el 31 de diciembre de 2027.
- Ley de Arrendamientos Urbanos, texto consolidado y redacciones anteriores (BOE): duración, desistimiento, renta, gastos y garantías.
- Índice de referencia de arrendamientos de vivienda (INE): información y publicación del IRAV.
- Gure Gida, información tributaria de la Hacienda Foral de Bizkaia: normativa y criterios fiscales para quienes tributan en Bizkaia.

